- La propuesta del Ministerio de Educación para el próximo año resulta incomprensible e inaceptable, puesto que atenta seriamente contra la sustentabilidad de las universidades del CRUCH y envía una señal que puede interpretarse como la intención de socavar las bases de las universidades tanto estatales como con vocación pública de Chile, impactando directamente no solo en la formación de nuestros estudiantes, sino que también en las múltiples iniciativas que aportan al desarrollo del país y que ven en riesgo su continuidad, así como de las miles de familias de quienes laboran en nuestras instituciones y que dependen de su trabajo.

- Las universidades del Consejo de Rectores contribuyen directamente al desarrollo de Chile. En su emplazamiento a lo largo de todo el país constituyen el polo intelectual, cultural y artístico de cada una de las regiones y sus ciudades principales. Además, cumplen un rol fundamental en el proceso de descentralización, potenciando el desarrollo regional.

- Durante la pandemia por COVID-19, las 30 universidades del CRUCH, a pesar de su compleja situación financiera, han contribuido a enfrentar la emergencia sanitaria a través de la construcción de una red de apoyo a los servicios de salud del país, que incluye múltiples iniciativas para fortalecer las redes de salud regionales, ya sea en la prevención, detección o tratamiento del COVID-19. Todas las actividades realizadas han sido con cargo a los presupuestos de las universidades.

- Adicionalmente, las universidades han implementado todas las acciones necesarias para mantener su docencia, dando continuidad al proceso formativo de más de 400 mil estudiantes, de los cuales el 50% es beneficiario de la gratuidad y por lo tanto pertenecen al 60% más vulnerable del país; y continuar con sus tareas de investigación, extensión universitaria y vinculación con el medio.

- En este escenario, las universidades del CRUCH han debido realizar ajustes presupuestarios mayores debido a la crisis social y sanitaria, que han significado menores ingresos por matrícula y aranceles y venta de servicios, además de un aumento de gastos derivados de la crisis sanitaria para apoyar a estudiantes y profesores/as en conectividad y equipos, por una suma estimada de $204.000 millones. Este escenario deberá proyectarse al menos para el año 2021, incluyendo los costos adicionales para el retorno a actividades esenciales bajo condiciones sanitarias seguras y para mantener apoyo financiero a sus estudiantes.

- La situación antes descrita es compleja y ha puesto a nuestras universidades en una situación de fragilidad nunca antes vivida. Este escenario adverso se agrava con el Proyecto de Ley Presupuesto 2021, que contempla una disminución de recursos a las instituciones del CRUCH que asciende a $42.119 millones, de los cuales $21.638 corresponden a disminuciones de aportes basales.

- Esta situación fue expuesta ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos. La comprensión de nuestros argumentos derivó en el rechazo de estos programas presupuestarios y gracias a este resultado el CRUCH fue invitado por el Subsecretario de Educación Superior a conformar una mesa de trabajo para analizar única y exclusivamente el uso de los Excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), a la que accedimos a participar, en coherencia con nuestros principios orientadores, que privilegian el diálogo.

- Esta mesa de trabajo se circunscribe al FSCU, materia que no involucra recursos del Estado, ya que la propiedad de los recursos de los FSCU es en su totalidad de las instituciones que poseen dicho fondo. Lo que se debe acordar es la autorización legal para su uso, que depende del Ejecutivo. Estos recursos serán casi exclusivamente para cubrir déficit por exceder la duración de la carrera (Artículo 108) y, en consecuencia, no resuelven los problemas de financiamiento actual.

- El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y cada una de las agrupaciones que forman parte de él (Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH; Agrupación de Universidades Regionales, AUR: Universidades Públicas No Estatales, G-9), han propuesto un conjunto de medidas para enfrentar esta situación y las han reiterado en todas las instancias posibles, pero hasta la fecha no ha existido ningún acercamiento de la autoridad referido a otra materia que no sea el uso de excedentes del FSCU.

- Las medidas incluyen propuestas que no demandan recursos adicionales, como establecer acceso a endeudamiento con garantía del Estado y el uso de excedentes del FSCU. Otras, si implican recursos para el Estado, pero entendiendo la situación del país y la necesidad de hacer ajustes, se solicita mantener los valores asignados en el presupuesto 2020, lo que, en definitiva, implica asumir desde ya una disminución del 2,6% real en los recursos de los Fondos Institucionales (Basales, Convenios y de Interés Nacional). También, medidas orientadas a mejorar la implementación de la Ley 21.091, como la suspensión de Aranceles Regulados para implementar un nuevo y mejor diseño.

- También debemos señalar nuestra preocupación respecto a las aseveraciones acerca de la falta de eficiencia y transparencia de nuestras universidades que han expresado las autoridades de Gobierno en las últimas semanas. Estas aseveraciones no solo no son efectivas sino que reflejan desconfianza respecto a nuestras universidades y desconocimiento de los mecanismos a través de los cuales ellas dan cuenta de manera periódica y transparente de su accionar académico, administrativo y financiero.

- Finalmente, hacemos un llamado a resguardar el patrimonio que representan las universidades públicas para el país, a la contribución que ellas realizan en todos los ámbitos de nuestra sociedad y su rol clave para lograr que Chile alcance mejores niveles de desarrollo en beneficio de todos(as) sus ciudadanos(as) y cada uno de sus territorios.