En mayo 2018, se promulgó la Ley 21.091 sobre Educación Superior cuya finalidad es fortalecer el sistema educativo a través de nuevos organismos como la Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior, además de un nuevo Sistema de Acceso que contempla la regulación de aranceles. Sin duda, regular el sistema en busca de establecer un cobro adecuado al contexto de cada una de las instituciones y considerando sus características propias es una gran oportunidad, el problema es que hasta ahora esas características no han sido consideradas.

En el artículo 89 de la nueva normativa, se señala: “El arancel regulado deberá dar cuenta del costo de los recursos materiales y humanos que sean necesarios y razonables, de acuerdo a lo previsto en las bases técnicas señaladas en el artículo 90, para impartir una carrera o programa de estudios de los grupos de carreras respectivos”.

Destaco necesarios y razonables, porque la propuesta elaborada y recibida desde la comisión de expertos no define con claridad aquellas variables y dimensiones consideradas para el cálculo de los distintos ponderadores, pues se desconoce qué es lo que ha sido considerado como necesario y razonable como, por ejemplo, la indiscutida interrelación entre docencia, investigación y vinculación con el medio.

Por ejemplo, desde un punto de vista territorial, todas las regiones son diversas tanto en sus riquezas como en sus desigualdades, por lo que considerar aspectos de costeo de carreras para la posterior propuesta de un arancel puede llegar a tener múltiples expresiones. Como rectora de una universidad estatal y regional me parece que la “regionalidad” va mucho más allá de considerar a las regiones extremas. Todos los territorios del país tienen particularidades y es necesario evidenciar esas distinciones en el cálculo del ponderador, así como las diferencias intrarregionales. Hacer universidad en Aysén no es lo mismo que hacerlo en Atacama o en Magallanes.

Desde las universidades nos parece necesario poder aportar y sugerir a la comisión de expertos incorporar algunas de las siguientes dimensiones no consideradas en la actual propuesta: atracción de profesionales a cada uno de los territorios, conectividad física y de telecomunicaciones muchas veces marcada por la ruralidad, estacionalidad productiva de las regiones, sobrecostos asociados a la infraestructura según el clima, dificultad de acceso a instancias para hacer prácticas profesionales y completar el proceso formativo, costo de la vida diferencial según estructura productiva de la región, entorno de servicios, existencia de oferta y costos que permitan dar sustento al proceso académico y el aporte de la universidad al desarrollo regional.

Las universidades y nuestras comunidades, principales implicadas en la regulación de aranceles, tenemos mucho más que aportar a este proceso y no solamente desde la entrega de estimaciones de costos. ¿Por qué no se consultó a los y las estudiantes como involucrados directos y, a través de ellos, a sus familias? ¿Por qué no se consultó a funcionarios y funcionarias, administrativos, académicos y académicas? Tampoco se consultó  a los involucrados indirectos, como el entorno universitario (gobiernos locales, sociedad civil, consejos productivos, consejos sociales, directivos de empresas presentes en la región) para de esa forma levantar los reales costos asociados al proceso formativo de las distintas carreras, de una manera más integral.

Todo lo anterior, evidencia la necesidad urgente de buscar mecanismos que permitan retrotraer el proceso y postergar la implementación de la entrada en vigencia de la regulación, abriendo instancias de construcción conjunta que permita disponer de aranceles que integren variables que consideren la realidad en la que se construye universidad en todas las regiones del país.