La pandemia, es un fenómeno mundial multidimensional que no solo afecto la vida social y el entorno de las personas, sino que también vino a poner en jaque todo el aparataje y estructuras de funcionamiento de los Estados y sus obsoletas formas de "hacer políticas públicas". Por ende, expuso la fragilidad de los sistemas de protección social en América Latina, desencadenando una crisis institucional.

 Por otra parte, la ciudadanía se hace cada vez más consiente respecto del impacto que tienen las políticas públicas en su vida cotidiana, así como la toma de decisiones oportunas, de los actores políticos-institucionales frente a los riesgos sociales.

 La pandemia puso en evidencia de forma exacerbada, la creciente desigualdad en cuanto al acceso de educación, trabajo y salud que tienen las personas, desencadenando y agudizando una serie de crisis y conflictos sociales a nivel de latinoamericano. Como es de amplio conocimiento, el acceso a estos ámbitos, constituyen los pilares fundamentales del sistema de protección social. Sin embargo, se vieron fuertemente cuestionados por la ciudadanía, ya que en este actual escenario de crisis no consignaban como garantes de derecho, por el contrario, solo lograron poner en evidencia la creciente brecha de desigualdad social.

 Actualmente el diseño de las políticas, se basan en la universalización segmentada, es decir focalizada; sin embargo, hoy por hoy, tras la pandemia ha quedado demostrado que esta estrategia de intervención resulta obsoleta, por su efecto tardío e ineficiencia para dar respuesta a la creciente y vertiginosas necesidades de las personas.

 En este marco, se requiere avanzar de manera expedita hacia el diseño de políticas de tipo "universal", que garantice y asegure el cumplimiento de los derechos en el ámbito del cumplimiento de las necesidades básicas de las personas.

 Esta universalización de las políticas públicas demanda un cambio sustancial y estructural, fundado en una intervención integral e intersectorial de las políticas públicas, mayor asignación de recursos y agilidad burocrática para la entrega de beneficios. Por ende, estos cambios estructurales, requieren de una "voluntad política" para lograr avanzar hacia procesos de transformación del paradigma de la intervención pública.  

 Por lo tanto, conceptos como calidad, acceso, adaptabilidad, decisión, adquieren mayor protagonismo en un escenario de crisis, donde se ve incrementado el riego social de la ciudadanía.

 Como podemos observar, la pandemia es un fenómeno multidimensional que no solo requiere de un determinado tipo de políticas capaz de dar respuesta de manera eficiente a las nuevas necesidades de las familias y comunidades en general, sino también requiere de cambios profundos en la estructura del sistema en términos de normativos que permita que el quehacer desde las políticas públicas sea continuo y avance de manera segura y real en disminuir las crecientes brechas de desigualdad social.

La pandemia ha devenido una plataforma que expone la necesidad de generar nuevos pactos y consensos político-sociales que permitan a los Estados avanzar hacia un consenso y construcción de proyectos político-sociales orientados a una ampliación progresiva de la cobertura de las políticas públicas con el fin último de resguardar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de las personas. El actual proceso de descentralización de los Gobiernos Regionales, son una oportunidad para poder avanzar en estas nuevas miradas, cuyas políticas regionales, tengan pertinencia territorial y respondan de manera eficiente y efectiva y de manera universal a las necesidades del territorio.