Recientemente vivimos la primera elección de Gobernadores y Gobernadoras Regionales en todo el país, lo cual sin duda es un paso importante en el proceso de descentralización, donde es deseable seguir avanzando, otorgando más atribuciones y administración de recursos regionales. Además, se renovaron las máximas autoridades en los gobiernos locales, y en ello se destacan varios fenómenos innovadores, como el aumento en candidatos, pasando de 1.211 en 2016 a 1.332, así como el incremento de las candidaturas independientes, pasando de 316 en el año 2016 a 542 el 2021 (Fuente: Puentes UC). Ambos procesos ponen en evidencia nuevos rostros en espacios de toma de decisiones sobre asuntos públicos, donde sin duda, destaca la participación femenina, al menos en la postulación a los cargos, donde se aprecia un alza de candidatas a concejales (de 32,1% el 2016 a 38,6% el 2021) y de candidatas a alcaldes subiendo de 19,5% a 21,7% (Datos: Servel).

Si bien todas éstas son señales importantes de renovación de actores y actrices en la política, no necesariamente implican renovación de las políticas públicas a nivel local, regional y nacional. Ello, porque los ejes transformadores son en realidad las agendas de trabajo de cada autoridad electa, sus prioridades de acción y los enfoques con los que se aborden. 

Por tanto, esas prioridades se expresan concretamente, no en rostros (nuevos o viejos), sino en el quehacer institucional y en presupuestos efectivos, aspectos en los que como país estamos en deuda en materia de infancia. No basta decir que se hará una u otra acción en favor de la infancia y la adolescencia, se necesita avanzar significativamente. 

Estamos en deuda en primer lugar, porque aún no se aprueba una ley robusta, basada en el enfoque de derechos, que instale un Sistema de Garantías de la Infancia, cuestión que, pese a los avances en el parlamento en el último año, se vio detenida primero por la revisión del Tribunal Constitucional a petición de parlamentarios oficialistas, y posteriormente, por el veto presidencial.  

En segundo lugar, porque el presupuesto es acotado, según la Nota Técnica de la Defensoría de la Niñez, el presupuesto general de la nación para el periodo 2021, aprobado en diciembre del 2020, evidenció un aumento, pasando de 55.255 (Miles de $) en el 2020 a 65.013 el 2021. Sin embargo, se dio una disminución de 2,4% en materias de niñez y adolescencia. 

En ese sentido vale la pena preguntar HOY, agosto del 2021, momento en el que se está formulando la propuesta de presupuesto para el año próximo ¿continuará la baja en la asignación de presupuesto para la infancia en el 2022?, el retórico o tierno discurso sobre los niños primero ¿cómo se concreta con medidas reales? ¿Qué perspectiva se tendrá en el abordaje de los programas y políticas públicas en infancia?.

Frente a ese punto, resulta relevante la contribución que, desde las universidades, se puede hacer para identificar problemáticas de la infancia emergentes, así como enfoques conceptuales, estudios y evaluaciones, que permitan re pensar caminos para su abordaje, basados en la perspectiva de derechos, que promueve desde hace más de 30 años las Naciones Unidas con la Convención de Derechos de los Niños. Ejemplo de ello es la propuesta de Agenda Niñez de la Red de Universidades por la Infancia (RUPI), como también las múltiples investigaciones que, desde diversas disciplinas, aportan conocimiento para favorecer el desarrollo, protección, supervivencia y participación de niños, niñas, niñes y adolescentes. De igual forma, asesoría a gobiernos locales y regionales para el diseño y/o evaluación de programas, proyectos e intervenciones, así como también el desarrollo de capacitaciones con instancias formativas o con comunidades de aprendizaje.