Como ha sido posible observar en estos días, Chile se encuentra experimentando un proceso histórico mediante el cual, la ciudadanía se ha convertido en un actor clave, pues tendrá la posibilidad de elegir una nueva Constitución o mantener la que nos ha regido durante estos últimos treinta años. Más allá del debate político que este hecho ha suscitado, convoca a reflexionar como país y como sociedad, respecto de varios temas. El primero de ellos, es que este proceso ha permitido acercar a la ciudanía a conocer y debatir sobre unos de los instrumentos más importantes que rige y mandata el quehacer del Estado en materia de Derechos, sociales, humanos, económicos y culturales en un país. Este documento es la Constitución.

En esta línea, podemos señalar que las constituciones, son instrumentos rígidos que establecen el marco o la "gran norma", que regula el quehacer del Estado y la sociedad; a su vez instaura límites y reconoce Derechos fundamentales de la ciudadanía. En palabras sencillas, podríamos decir entonces, que la Constitución es la base o el piso mínimo sobre la cual se erigen los pilares fundamentales de la sociedad.

En sintonía con lo anterior, no podemos olvidar, que este proceso va en paralelo a los procesos de descentralización del Estado, que también está experimentando nuestro país, por tanto, también abre un diálogo y un debate expresado en la anhelada autonomía territorial. En efecto, frente a ello cabe preguntarse entonces ¿cómo estos procesos inciden en la vida cotidiana de las personas? ¿Qué impacto tendrá en las Políticas Públicas y por ende en la calidad de vida de los y las ciudadanos/as de nuestro país y región?

Técnicamente la respuesta es sencilla y compleja a la vez. A saber, existe una relación directa entre Constitución y Políticas Públicas; esto quiere decir, que los derechos se tornan progresivos y avanzan hacia la universalización de las Políticas Públicas, dependiendo de cómo éstos, queden expresados en el documento; en otras palabras, significa que el Estado debe avanzar hacia garantizar no solo el acceso sino el" Derecho" de la ciudadanía a la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, entre otros. Esto representa un claro desafío en materia de Políticas Públicas, particularmente en su fase de diseño, donde se trazan los principales lineamientos, acciones y objetivos que responden a un problema del territorio identificado en su diagnóstico.

Por ello, desde el punto de vista técnico, las Políticas Públicas deberán desplegar una serie de acciones, encaminadas a garantizar el cumplimiento de aquellos derechos visibilizados y mandatados por la Constitución. Se abre así, el debate que implica la posibilidad de avanzar en materia de derechos fundamentales, y comprender a su vez, las lógicas del funcionamiento del Estado y sus instrumentos de intervención pública.

De manera análoga, si se trata de garantizar los derechos en materia de políticas públicas, éstas deben tener un enfoque universal, donde los recursos económicos no sea una limitante para avanzar en la mejora de la calidad de vida de las personas. Es por ello, que, como sociedad, debemos vivir este proceso con altura de miras y debida responsabilidad, reflexionando acerca de los valores y principios que son relevantes y fundamentales para construir una sociedad, capaz de encaminarse hacia el logro de la justicia social y mayor equidad entre las personas.