Por René Garreaud, Carlos Zamorano, Marco Billi y Ariel Muñoz

El incendio que afectó recientemente a Viña del Mar, además de una profunda tristeza y pesar, ha hecho preguntarnos si es posible predecir y prevenir un evento de tal magnitud. Predecir dónde y cuándo va a ocurrir una catástrofe no es del todo posible, pero sí podemos estimar los niveles de riesgo (la probabilidad que se manifiesten posibles daños) en el territorio, ya sea porque hay una elevada amenaza (condiciones climáticas propicias a que se generen incendios), exposición (comunidades, casas, infraestructura, ecosistemas que pueden ser afectados) y vulnerabilidad socioambiental (cuán sensible es el territorio y la población y cuán preparados estamos).

Instituciones como el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y otros centros de investigación han desarrollado mapas de riesgo para múltiples eventos de alto impacto, incluyendo incendios forestales. La amenaza meteorológica (altas temperaturas, baja humedad y vientos intensos) es generalizada en la zona centro-sur de Chile durante los meses de verano, en tanto la exposición es máxima en la interfaz urbano-rural de muchas ciudades medianas y grandes. Estos últimos sectores suelen ser altamente vulnerables al poseer una precaria infraestructura urbana y de viviendas. No es sorpresa entonces que la parte alta de la conurbación Valparaíso-Viña del Mar se ubique entre los lugares de mayor riesgo de incendios de gran magnitud en Chile, el cual se ha materializado en eventos dramáticos y de gran afectación como el de enero de 2014, febrero de 2017, diciembre de 2019 y el acontecido la semana pasada.

En una perspectiva más amplia los incendios forestales en Chile se concentran entre las regiones de Valparaíso y los Lagos, un área prioritaria para la conservación de la biodiversidad mundial, dada su excepcional tasa de especies de flora y fauna endémicas, las cuales aún subsisten en fragmentos de bosques y de vegetación nativa que se distribuyen en medio de extensas plantaciones forestales, vertederos clandestinos y/o los cada vez más comunes asentamientos irregulares.

En 2019  se anunció un ambicioso plan de prevención y combate de incendios forestales que contó con una inversión público-privada que superó los 180 millones de dólares, principalmente para la compra de tecnología y equipamiento. Aunque el combate del fuego es necesario, las catástrofes sociales y ambientales recientes demuestran que ninguna inversión es suficiente si no se implementan en conjunto con una planificación integral que considere los múltiples actores involucrados, y que le otorgue a la prevención al menos la misma relevancia que al control de los incendios.

¿Puede entonces nuestro país reducir el riesgo de grandes incendios y evitar las pérdidas de vidas humanas, daño ambiental e impactos materiales? Lamentablemente, la amenaza meteorológica se incrementará en las próximas décadas como consecuencia del cambio climático. Reducir la exposición solo es posible a través de políticas largo plazo sobre el uso del territorio que limiten los asentamientos irregulares y la homogeneidad del paisaje como aquellos dominados por plantaciones forestales de especies exóticas. Actuar en estas materias es fundamental pero complejo en términos políticos, sociales y económicos.

No obstante, la reducción de la vulnerabilidad es una tarea posible de poner en marcha en el corto plazo, partiendo este verano. La eliminación de la basura acumulada en quebradas y sitios eriazos, la identificación y mantención de vías de escape, la preparación de equipos de emergencia y construcción de cortafuegos son solo algunos ejemplos de acciones urgentes y factibles de implementar inmediatamente a nivel local, municipal y regional. Aunque de magnitud acotada, estas medidas requieren de recursos, coordinación y voluntad para su implementación, por lo que las autoridades locales y regionales deben liderar estas materias al más breve plazo. La responsabilidad asociada a la propiedad privada también es fundamental para reducir el riesgo de incendios en estas y otras zonas de interfaz urbano-forestal en Chile central. Los mapas de riesgo antes mencionados, así como la comunidad científica nacional, están a disposición para priorizar, implementar y monitorear dichos esfuerzos.

Es igualmente relevante avanzar en medidas de largo alcance, que propicien una mejor planificación y uso del territorio, o formas de alerta y respuesta rápidas. Junto a esto, las recientes tragedias deberían al menos proveer elementos para educar y sensibilizar a la población que, por una parte, sufre los impactos de los incendios y, por otra, puede propiciar su ocurrencia. Y, por supuesto, se necesita una institucionalidad y normas a la altura que den atribuciones, capacidades y orientaciones para una gestión de riesgos proactiva, integrada y precautoria, especialmente frente al incremento de amenaza que significa el cambio climático.

Fuente: Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2