El año en que cumpliremos nuestro aniversario número ocho, nos encuentra atravesando un hito crucial para nuestra reciente historia: la primera acreditación institucional por tres años en las áreas de gestión institucional y docencia de pregrado. Este proceso lo pasan todas las instituciones de educación superior, como la forma de validar la la calidad de la educación que se ofrece y la eficacia de su gestión institucional, pero para nuestra universidad tiene un componente especial. 

Para la UAysén -nacida al alero del movimiento social de 2012 Aysén, tu problema es mi problema- ubicada en una zona aislada y extrema, la acreditación resulta un paso fundamental no solo para la comunidad universitaria, sino para la región, ya que consolida el sueño de sus habitantes, en una zona del país con muchas particularidades asociadas a su contexto geográfico y socioeconómico. Hacer universidad en una de las regiones más extensas del país y la menos poblada, con dificultades y falencias como la falta de infraestructura, el alto costo de vida y la escasa conectividad, significa un doble o triple desafío.

Hasta antes de la creación de la universidad, los y las  jóvenes de la región debían trasladarse a otras ciudades para acceder a educación superior, lo que implicaba altos costos y dificultades logísticas. Hoy, esas y esos estudiantes pueden quedarse en Aysén y acceder a educación superior de calidad, con la pertinencia territorial y regional necesaria para su desarrollo profesional y laboral. La actual acreditación, asegura la permanencia de los beneficios estatales y lo más importante, la gratuidad, considerando que el 70% de las y los estudiantes cuenta con este beneficio.

Este hito institucional se cruza con otro hito a nivel país, el “nuevo debate” de la nueva constitución y no está demás hacer la conexión y la reflexión. Actualmente todas las instituciones de educación superior funcionan bajo una lógica de voucher, como si esto fuera un mercado de estudiantes que debemos pelearnos y quién logra la mayor cantidad tendrá mayores ingresos. 

Pues bien, ¿qué ocurre en regiones como la de Aysén y las otras zonas extremas del país, donde la demanda no es suficiente para financiar un proyecto universitario?, ¿donde el costo de operación es el doble o triple que en el centro del país?, donde cuesta atraer a académicas o académicos?, pero donde, sin duda,  la existencia de una universidad juega un rol transformador de vidas, por lo tanto la invitación a quienes redacten la nueva constitución es tener en consideración estos aspectos y proponer un sistema de educación superior que no sólo asegure el financiamiento basal y sea de calidad, sino también equitativo, inclusivo y lo más importante, gratuito, como un derecho fundamental para todas y todos.

Asegurar acceso a la educación superior es, sin duda, un motor transformador y movilizador, que permite a las personas a optar a trabajos mejor remunerados, fortalece las habilidades, la innovación, creatividad, emprendimiento y productividad, atributos que favorecen el desarrollo económico y social y, un componente muy importante, la  formación de ciudadanas y ciudadanos con pensamiento crítico, capaces de participar activamente de todos los ámbitos de la vida cívica.

En este escenario de nuestro quehacer universitario y de país, la acreditación de este sueño de la Región de Aysén hoy se plasma como una realidad que debemos fortalecer, mejorar y cuidar y si es de la mano de una nueva constitución que procure el resguardo y sostenibilidad de la educación pública, entonces estamos en la dirección correcta.