Por José Barrena Ruiz Académico Universidad de Aysén Investigador Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes-IDEAL América Latina es hoy el foco de la expansión del COVID-19 superando en nuevos casos a Europa y Estados Unidos. América Latina es también la región más desigual del mundo, con un índice de GINI promedio casi dos tercios superior al de Europa y Asia Central. En Chile la desigualdad de ingresos y oportunidades generó en 2019 un movimiento social sin precedentes ¿cómo afecta esta desigualdad a la expansión del COVID-19 en el país? Los primeros casos de COVID-19 en Chile se concentraron en comunas de altos ingresos de la Región Metropolitana. El virus se expandió por personas que habían visitado Europa, siguiendo una trayectoria poco usual en la propagación de las pandemias: desde países “desarrollados” hacia países “en vías de desarrollo”. No obstante, la situación actual es muy diferente: El COVID-19 se expande rápidamente por sectores y comunas populares. Existen varias razones que explican por qué la propagación del virus afecta con mayor fuerza a los sectores de bajos ingresos. Primero, las personas con menos recursos tienen mayor pre-existencia de enfermedades, lo que las vuelve más vulnerables. Segundo, los hogares de menores ingresos están constituidos por más personas que viven en menos metros cuadros, lo que facilita el contagio. Tercero, en los sectores de bajos ingresos existe un alto nivel de empleo informal, lo que dificulta el cumplimiento de las medidas de confinamiento, dado que trabajadores/as deben salir diariamente a generar los ingresos que les permiten vivir “al día”. La tasa de ocupación informal en Chile llegó casi al 30% a comienzos de 2020, alza que fue fuertemente influida por los efectos del movimiento social de octubre de 2019. Un reciente estudio de la OCDE indica que el 53% de la población chilena correría el riesgo de caer en la pobreza si tuviera que renunciar a tres meses de sus ingresos, cuestión que cobra absoluto realismo en el actual contexto ¿no era esperable que las personas en las comunas del Bosque, Puente Alto, Cerro Navia, San Bernardo y la Pintana salieran a protestar? Más allá de que el Intendente de la Región Metropolitana no encuentre justificación a las protestas sociales de las últimas semanas, y que no comprenda cómo se vinculan estas protestas con que el 50% de los/as jubilados/as reciba pensiones inferiores a la mitad del salario mínimo, lo cierto es que las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar los efectos económicos del COVID-19 parecen insuficientes. El Ingreso Familiar de Emergencia entrega un monto decreciente por un período máximo de tres meses, su valor se encuentra por debajo de la línea de extrema pobreza. El Bono COVID, corresponde a $50.000 y se entrega solo una vez. La Canasta de Alimentos que se espera llegue a 2,5 millones de familias, ha recibido críticas tanto por el errático discurso del gobierno en relación a su focalización, como por la baja planificación y demora en su entrega. Por supuesto que es urgente implementar medidas contingentes que permitan enfrentar la difícil situación económica, pero también es indispensable adoptar medidas estratégicas de mediano plazo que contribuyan a resolver los problemas de desigualdad estructural que gatillaron el movimiento social de octubre de 2019. Para algunos podrá parecer que este no es el momento para discutir estas medidas, pero de lo contrario se corre el serio riesgo de que la sociedad chilena post-COVID-19 sea aún más desigual, como ya ha ocurrido en la historia del país después de otras crisis. Además, las situaciones de crisis presentan una oportunidad única para introducir cambios en las estructuras sociales. Un cambio fundamental es modificar la lógica bajo la cual se evalúa el desarrollo de la sociedad, basada actualmente en el crecimiento del PIB. Varios estudios señalan que el permanente crecimiento del PIB está asociado a una disminución del bienestar social y a graves daños ambientales. El pasado 11 de abril, un grupo de 174 académicos/as de diversas universidades holandesas, firmaron un manifiesto donde proponen alejarse del desarrollo centrado en el crecimiento del PIB para construir una sociedad post-COVID-19, dado los negativos efectos ambientales y sociales que esto supone. En Chile el crecimiento del PIB se ha sostenido en base a una persistente desigualdad en el ingreso y un creciente aumento de la huella ecológica. En los debates críticos en torno al crecimiento del PIB, destacan las ideas del Decrecimiento Sustentable, el cual se define como una reducción equitativa de la producción y el consumo que permita incrementar el bienestar humano y mejorar las condiciones ecológicas a nivel local y global, en el corto y largo plazo. La cuestión más paradigmática que plantea el decrecimiento sustentable, es que el desarrollo humano no es solo posible sin un crecimiento del PIB, sino que es deseable en términos de sustentabilidad ambiental y justicia social. Esta postura cuestiona los supuestos sobre los cuales se funda la economía neoclásica, invirtiendo la premisa de que “más es preferible a menos” por un “menos producción y consumo son necesarios para vivir mejor”. En una economía orientada hacia un crecimiento permanente del PIB, un decrecimiento económico repentino y no planificado produce desempleo y pobreza, pero ¿qué pasaría si las instituciones sociales, económicas y políticas se modificarán para impulsar un decrecimiento planificado del PIB? ¿qué pasaría si el PIB dejara de ser considerado directa o indirectamente un indicador de desarrollo, y se buscaran nuevas formas de medir el progreso del país? ¿Será el estado la institución social capaz de impulsar estos cambios?