Por José Barrena Ruiz* y Maite Hernando Arrese**

La crisis socio-ambiental global ha provocado un creciente interés por la conservación de la naturaleza y la creación de áreas protegidas. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en las últimas cuatro décadas las áreas protegidas creadas por los Estados han crecido 1000%. En Chile, alrededor de 21% del territorio nacional corresponde a  áreas protegidas. En 2017, la creación de la Red de Parques de la Patagonia incorporó más de 1,2 millones de hectáreas dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, dando un auge a la conservación que no tenía desde la década de 1960.

            Si bien, el aumento de parques y reservas contribuye a la protección de ecosistemas y especies, la creación de áreas protegidas también genera conflictos socio-ambientales. En diversas partes del mundo comunidades locales han sido expulsadas de sus territorios como consecuencia de la creación de áreas protegidas. En 2019, la televisión holandesa realizó un reportaje que vinculaba a la ONG ambientalista WWF con violentos desalojos de comunidades que vivían en el parque nacional Kaziranga en India, lo que incluyó personas heridas y muertas. Por otra parte, en Sudáfrica y Mozambique,  los guardaparques utilizan diversas tácticas militares para la protección de especies icónicas como elefantes y rinocerontes, generando profundos impactos en comunidades locales que históricamente utilizaban espacios y recursos hoy bajo protección. Estas formas de conservación, contribuyen a la desposesión de comunidades locales, incidiendo negativamente en el desarrollo local.     

            En Chile, y particularmente en la Patagonia, el establecimiento de extensas áreas para protección y conservación de la naturaleza también ha producido controversias. En la década de 1990, el ecologista Douglas Tompkins se vio envuelto en una polémica con el Estado de Chile que veía la compra y administración de grandes extensiones de tierra destinadas a la conservación de la naturaleza como una amenaza a la soberanía nacional. Actualmente, el aumento de las áreas de conservación privada ha originado debates en torno a la concentración de tierras y nuevas formas de colonialismo interno en la Región de Aysén. Recientemente, un reportaje del diario electrónico El Desconcierto informó sobre los intentos de la familia Luksic por adquirir terrenos con fines de conservación de la naturaleza en la comuna de Tortel, y los impactos que esto podría traer en términos de acceso a espacios y recursos, particularmente el agua, así como el rechazo de grupos locales. 

            Considerando lo anterior, creemos importante establecer algunos criterios para evaluar la pertinencia de la creación de áreas protegidas en términos de su aporte al desarrollo local. Como punto de partida, pensamos que al menos es necesario responder dos preguntas al momento de evaluar el establecimiento y funcionamiento de un área protegida: 1. ¿Profundizará la creación del área protegida inequidades socio-espaciales y asimetrías de poder que afectan a grupos locales? y 2. ¿Favorecerá la creación o funcionamiento del área protegida procesos de exclusión de grupos locales de espacios y recursos claves para su desarrollo, contribuyendo a procesos de acumulación por desposesión? Si ambas preguntas tienen por respuesta un Sí, entonces la creación o funcionamiento del área en evaluación profundizará procesos de desposesión y exclusión social, y no sería deseable. Por el contrario, si ambas preguntas se responden con un No, la creación del área protegida podría contribuir con el desarrollo local, y sería deseable. Existen por supuesto otras combinaciones y matices, pero el punto central es no considerar el establecimiento de áreas protegidas como un fenómeno puramente ambiental. Por el contrario, la conservación de la naturaleza es también un fenómeno social, particularmente político, que genera debates y conflictos y, sobre todo, tiene implicancias para el desarrollo local de los territorios.

*Profesor Asistente de la Universidad de Aysén - Investigador del Centro de Investigación de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL)

*Profesora colaboradora de la Universidad de Aysén - Investigadora asociada al Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Austral de Chile